El 27 de mayo, cumplen las FARC-EP 40 años de combates político-militares por la paz con justicia social; por la paz sin hambre, sin explotadores, ni opresores; por los derechos a la vida digna, la educación, la salud gratuita y eficiente, al trabajo bien remunerado; por una auténtica reforma agraria que devuelva las tierras productivas a quienes las trabajan; por la segunda y definitiva independencia; por el respeto pleno a nuestra soberanía de nación en paz, libre de presiones y chantajes políticos, económicos y militares de otros Estados.

En 1964, un puñado de 46 hombres y dos mujeres del pueblo, patriotas dignos, inspirados en la concepción revolucionaria de luchar por los ideales libertarios de los desposeídos y marginados de los campos, poblados y ciudades, bajo la acertada conducción del legendario Comandante Manuel Marulanda Vélez, decidieron en una Asamblea Guerrillera levantarse en armas, en defensa de sus propias vidas y las de sus familias, contra el Estado, su régimen político y las políticas de exterminio de los sucesivos gobiernos de la oligarquía liberal-conservadora en el poder.

Los 46 hombres y las dos mujeres, 40 años después se multiplicaron en centenares de guerrilleros y guerrilleras combatiendo a lo largo y ancho de Colombia por las mismas razones políticas, económicas y sociales, negadas desde siempre por la clase gobernante, amparada en la aplicación de la Teoría de la Seguridad Nacional, diseñada desde los Estados Unidos, hoy con el nombre de Plan Colombia, Seguridad Democrática o Guerra Total contra el pueblo y sus organizaciones populares, protagonizada por el gobierno fascista y paramilitar de Álvaro Uribe.

Las FARC-EP son un ejército revolucionario del pueblo, conformado por más de 7 Bloques de Frentes, más de 60 Frentes, con sus Columnas, Compañías, Guerrillas, Escuadras y Unidades Tácticas de Combate, con la misión histórica de conquistar la verdadera paz con justicia social y defender nuestra soberanía de los invasores, hacia la segunda y definitiva independencia. Los guerrilleros de las FARC-EP mantendrán en alto sus convicciones, armas y banderas políticas, de lucha revolucionaria prolongada, por los intereses del pueblo, hasta la conquista plena del poder.

Más del 70% de los colombianos queremos la paz con justicia social, soberanía, dignidad e independencia para nuestro pueblo. El mismo porcentaje desea el canje de prisioneros o Acuerdo Humanitario que saque del cautiverio a las personas privadas de su libertad, por causas estrictamente políticas derivadas del conflicto interno. A estos anhelos nacionales se opone con terquedad y arrogancia el otro 30%, representado por el gobierno fascista, la oligarquía y los generales corruptos, beneficiados con los millones de dólares del Plan Colombia de los gringos.

Las FARC-EP dado su indiscutible carácter de organización política militar del pueblo es parte indisoluble del 70% de compatriotas comprometidos con el objetivo de la búsqueda de salidas políticas dialogadas a los graves y crecientes desequilibrios políticos, económicos y sociales, impulsores de la crisis del sistema imperante.

El actual gobierno está comprometido en favorecer los avaros apetitos del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial hacia nuestra inclusión en el ALCA. Mientras apoya las políticas invasoras e intervencionistas de los imperialistas en el mundo.

Entidades gubernamentales como Planeación Nacional y el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas), fabrican cifras de crecimiento económico, registrando dividendos a los empresarios del campo y de los centros urbanos, a la vez socios de las multinacionales, quienes obtienen cada mes miles de millones de dólares en utilidades, sin que éstas se reflejen en beneficio social ni económico para los pobres y trabajadores mal remunerados, subempleados y desempleados.

Los mandos militares y de policía también fabrican sus cifras dando cuenta de centenares de guerrilleros muertos, heridos y desertados.

La corrupción, la impunidad administrativa y judicial en Colombia, son hermanas gemelas e hijas legítimas del sistema, del Estado y sus gobiernos de turno, que bajo ese oscuro manto cubren el pillaje y los sobornos de los millonarios negociados de destacados funcionarios estatales, como altos mandos militares y de policía, integrantes del Congreso de la República, de la Fiscalía, de privilegiados contratistas y politiqueros de oficio, gobernadores y alcaldes, dedicados al lucrativo negocio de cobrar su cuota política y económica en forma descarada y abierta.

Los gobernantes del bipartidismo liberal-conservador convirtieron las campañas electorales en otro gran negocio de lucro personal y de grupo político. Según ellos, lo hacen en defensa de la democracia y la institucionalidad, mientras la gente pobre del pueblo sigue siendo la víctima directa de las injusticias, masacres, desplazamientos y exilios forzados por el terrorismo de Estado, a cargo de las bandas de paramilitares; así como de las imposiciones, chantajes y usuras de las entidades crediticias internacionales, al servicio de los intereses de los Estados Unidos.

El pueblo colombiano sufre en su propia carne la pobreza y miseria reflejadas en hambre, desempleo, altos índices de insalubridad y analfabetismo, carencias en viviendas y servicios públicos eficientes y gratuitos, al tiempo que la oligarquía en el poder incrementa el cobro de más impuestos, ajusta los precios de la gasolina, el transporte y los productos básicos de la canasta familiar, recorta los derechos laborales de los trabajadores consignados en las convenciones colectivas, con lo que nuevos centenares de miles de familias quedarán sin recibir protección social.

En Colombia, cada día son más profundas las diferencias de clase. El país está polarizado entre ricos y pobres. Los ricos pretenden, por medio de la fuerza de las armas del Estado, acrecentar sus inversiones empresariales y cuentas bancarias en el exterior en menoscabo de las precarias condiciones de pobreza y miseria de las mayorías. Mientras el pueblo ya no tiene capacidad de resistir tantas privaciones, humillaciones, calumnias, amenazas y promesas nunca cumplidas por los gobiernos de la oligarquía en el poder al servicio de los gringos.

Las FARC-EP ratifican ante los pueblos del mundo su invariable compromiso de lucha política revolucionaria en la defensa de los intereses de la clase trabajadora, los desposeídos, marginados y excluidos de nuestra patria; por el respeto a nuestra soberanía y hacia la segunda independencia, bajo el liderazgo y la conducción de una nueva dirigencia estatal y gubernamental, libre de los vicios de la politiquería, la corrupción, el engaño y la mentira, donde primen la honradez y la pulcritud con los dineros del pueblo, la sencillez con los pobres y dignidad ante el imperio.