La confrontación armada en Colombia, entre el Estado, expresión concentrada de las clases dominantes y de los intereses del imperio gringo; y el pueblo que se defiende, representado en la insurgencia, principalmente en las FARC-EP, se desarrolla en medio de la profunda crisis económica, política, social y ecológica, del capitalismo, agravada por el modelo neoliberal y atizada desde el imperio con el Plan Colombia y su complemento la Iniciativa Regional Andina IRA, de graves consecuencias ahora y peores para el futuro.
En desarrollo del conflicto, hay prisioneros de guerra de parte y parte. En poder de la guerrilla, oficiales y suboficiales de distintas armas, capturados en combate, así como tres estadounidenses agentes de la CIA retenidos en el Caquetá, mientras cumplían labores de inteligencia militar y un buen número de políticos responsables por acción u omisión del terrorismo oficial. En las cárceles del Estado se encuentran guerrilleros y guerrilleras, capturados fuera de combate.
Avanzando en su proyecto fascista, el dictador Uribe Vélez, secundado por el Parlamento en cuyo seno se expresa ampliamente el narcotráfico y el paramilitarismo, ha declarado el estado de excepción, creando zonas de rehabilitación que son verdaderos teatros de guerra, donde los militares cuentan con facultades de policía judicial para detener sin orden previa, desterrar, censar la población, bloquear la economía, controlar los presupuestos.
Por esto las cárceles colombianas, se llenan de dirigentes políticos de oposición, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, escritores, estudiantes, obreros y campesinos, que capturados por decenas, sin pruebas o con pruebas prefabricadas, son acusados de terrorismo, “delito” de moda impuesto por los gringos a partir del ll de septiembre del 2001 en casi todo el mundo, para castigar a quienes no estén con ellos o con Uribe Vélez, según la doctrina del señor Bush.
Anteriormente tanto guerrilleros como dirigentes de izquierda o populares y luchadores sociales, eran considerados por el Código Penal, como autores de “delitos políticos” y tenían un tratamiento especial que los diferenciaba de la delincuencia común. Eran presos de conciencia. Hoy, esa tipificación no existe en el ordenamiento jurídico, ha sido borrado por varias reformas impuestas en los gobiernos de turno. En consecuencia, ha sido eliminado el legítimo derecho a declararse en rebeldía contra el régimen fascista.
Al profundizarse la confrontación, el régimen endurece la legislación, para proteger su dominación, recurre a los estatutos de seguridad o leyes antiterroristas, que hacen nugatoria la libertad de expresión y de organización popular. Se comienza una verdadera cacería de brujas. Los medios de comunicación, que participan activamente en el proyecto fascista, vienen cargados de imágenes de presuntos guerrilleros o colaboradores, capturados por la seguridad del Estado, tras arduas labores de inteligencia, según sus partes.
Como a todos, desde el dictador hasta el último policía, sus respectivos amos o patrones, les exigen presentar resultados y en el afán de hacerlo no se han detenido ante nada ni ante nadie, los sapos y delatores sindican a inocentes para hacerse a la jugosa recompensa.
Las cárceles colombianas se llenan y nadie tiene derecho a reclamar porque igualmente puede ser detenido como auxiliar del presunto terrorista, ya que el estatus de preso político fue abolido.
Se pone a funcionar la máquina fascista, largamente aceitada por la derecha colombiana, agrupada en el partido único de la represión, que representa el bipartidismo liberal y conservador.
El pueblo colombiano se organiza y lucha por la libertad, tanto de los presos políticos civiles como de los prisioneros de guerra; los familiares y amigos de los prisioneros en manos nuestras, presionan al gobierno de Uribe Vélez, al Parlamento, al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, a fin de que se apruebe una ley de canje permanente propuesta que mantiene las FARC-EP, desde el gobierno anterior.
Las FARC-EP, han mostrado disposición de llegar a un acuerdo al respecto. En forma unilateral dejaron en libertad a más de trescientos prisioneros, sin que esto fuera valorado por el gobierno, que insiste en sus planes de rescatarlos por la fuerza, sin tener en cuenta el alto riesgo que esto representa para la vida de los retenidos cuya responsabilidad recae única y exclusivamente sobre el Estado.
Es necesario un debate nacional e internacional sobre el tema, las organizaciones defensoras de derechos humanos y las fuerzas políticas, le deben al pueblo colombiano su participación en él, será el lugar apropiado para debatir las diferentes propuestas de solución con las organizaciones populares, para sacar al gobierno de su terca e inmovilista posición, exigiendo soluciones reales.
Texto preparativo por:
Prof.A.M.Maysky y General Vargas: Redacción Rusa "Soprotivleniye".
