El drama de la gente de una extensa region de Colombia que devela no solo la entraña perversa de una estrategia contrainsurgente del Estado sino que le arranca a éste su cínica careta

El 20 de enero, en Laguna Vieja, San Juan del Cesar, fueron dados de baja por guerrilleros del 59 Frente de las FARC, Bloque Caribe, 40 paramilitares de la Segunda Brigada del Ejército. Entre los muertos estaban los cabecillas que actuaban con los alias de "14", "24", "27", "38" y "Centauro 6". Estos asesinos que tantas muertes causaron, que incendiaron ranchos y caseríos, que provocaron el desplazamiento de la población, que bloquearon a comunidades indígenas y a familias campesinas de la Sierra Nevada, que descuartizaron a sus víctimas inermes, que extorsionaron a ganaderos y comerciantes, que humillaron a la población civil con el beneplácito del ejército oficial, ya no volverán a sus andanzas, porque los fusiles del pueblo en manos de las FARC, tronaron para hacer justicia.

Hoy están de nuevo en la zona, pero esta vez lo hacen como ejército oficial, con helicópteros, aviones, desembarcos, retenes y bloqueos. Estos camaleones de la muerte, son ejército o son paramilitares, según la estimación torcida del comandante de la Brigada. Sencillamente cambian el brazalete distintivo. Los que van a la vanguardia del operativo le dicen a los atemorizados indígenas y a los campesinos: "los que vienen atrás; esos sí vienen mochando cabezas". Es el terrorismo de Estado en plena acción, provocando el éxodo de la población, que obligada por las circunstancias prefiere este mal al de la muerte.

Lo mismo está ocurriendo en la gran extensión de la Nevada que abarca desde San Pedro de la Sierra hasta el propio Valledupar. Mediante acciones helitransportadas el ejército copó los caseríos de San Pedro, Siberia, San Javier, Palmor, Santa Clara, El 50 y Sacramento. Bloquearon las entradas. Tienen racionado el ingreso de alimentos. Cuando salen a patrullar lo hacen con el brazalete negro de la muerte, el de las AUC. Los que ocuparon San Pedro desaparecieron a 12 campesinos en la vereda del Mico; Los de El 50 y Santa Clara instalaron un mortero de 120 milímetros que disparan a diestra y siniestra destruyendo ranchos indígenas y poniendo en riesgo la vida de los habitantes de esa zona. Cobran impuesto a los campesinos e indígenas por cada bulto de café, maíz, fríjol o malanga que sacan a vender al pueblo; y de regreso no les permiten entrar mercados sino hasta ciertos topes, los establecidos arbitrariamente por cualquier capitán, teniente, o matón paramilitar.

Hacia los lados de Chimila, San Francisco y Villa Germania, la modalidad operativa paramilitar del ejército no ofrece mayores variaciones. En las estaciones y puntas carreteables de la Sierra Nevada, los paramilitares de la Segunda Brigada del ejército han establecido un sistema comercial abusivo en el que compran al precio que les venga en gana toda la producción agrícola y allí mismo les venden a los indígenas y campesinos productos elaborados, todo medido, racionado, y a costos especulativos. Y las autoridades, ni fú ni fá, porque son cucarachas del mismo calabazo. El gobernador del Cesar, Hernando Molina es un paramilitar desembozado. En las pasadas elecciones fue candidato único, por imposición de los paramilitares de la Segunda Brigada, quienes obligaron a los demás candidatos a renunciar bajo amenazas de muerte. Y a pesar de ello, casi pierde con el voto en blanco, expresión de la fatiga de la gente con el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. El gobernador del Magdalena, señor Trino Luna, fue elegido con el mismo recurso impositivo y fraudulento.

Lo que ocurre en Valledupar es aberrante: con el visto bueno del ejército y la policía, los paramilitares han montado una oficina paralela a la DIAN (ente estatal encargado de la recaudación de los impuestos) donde se cobran impuestos por toda actividad que emprendan los ciudadanos. Al comercio, a las tiendas, a los almacenes, a los vendedores de tinto, a los taxistas (los cuales deben pagar 20 mil pesos mensuales), a las empresas de transporte, etc. Aquí se configura el abuso de una doble tributación al Estado. En Valledupar como en Santa Marta han montado el usurero sistema del "pagadiario" en el que se presta dinero en la mañana a los vendedores ambulantes y en la tarde tienen que devolverlo con el 20% de interés, o si no se mueren. Los paramilitares controlan las plazas de mercado y son dueños de los grandes depósitos de víveres y abarrotes. Patrullan abiertamente por las calles y asesinan miserablemente. ¿Dónde estará el Procurador Maya, el vallenato, que no sale a defender a sus conciudadanos y paisanos? No hay justicia. La mayoría de Fiscales y jueces del Palacio de Justicia, son de ellos, de los "paracos". El director de la "Tramacúa" -cárcel de máxima seguridad-, también es de ellos, y con ellos trabajan también los del INPEC. Controlan totalmente el sistema judicial que les da la garantía de la impunidad. El nuevo Alcalde de Valledupar es primo de "El Papa Tovar" o alias "40", jefe paramilitar al que le fueron devueltas por el ejército y la policía 3 toneladas de cocaína que le habían sido incautadas en Barranquilla. El ciudadano del común se pregunta: ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Definitivamente en los departamentos del Cesar y el Magdalena el Estado está al servicio del crimen.

Por eso es que nadie los toca. Por eso es que, en La Mesa, ahí pegadito al batallón La Popa, delinque y opera sin sobresaltos una tenebrosa base paramilitar al mando de alias "Medellín" o "39". Cerca a Codazzi, en las estribaciones del Perijá, también hay una base paramilitar conectada con el ejército y la policía. Y por supuesto allí imperan el terror y la impunidad.

El comandante de la Segunda Brigada es en realidad el comandante en jefe de todos los "paracos" que en el Cesar y el Magdalena masacran, despojan, desaparecen, desalojan y humillan a la población civil indefensa. Los camaleones de la muerte unas veces utilizan distintivos del ejército y en otras, el brazalete de las AUC, y con ello creen que han construido la perfecta telaraña de su impunidad. Pero también saben que si esta llegare a fallar pueden contar con el "corazón grande" de su presidente Uribe, -militante activo del paramilitarismo- y también con la ley de "alternatividad penal" con la que el Estado proyecta recompensar a los más sanguinarios cabecillas paramilitares. Es justa la exigencia de que el país conozca la verdad sobre los nexos del Estado, el ejército y la policía con esa infernal máquina de guerra que es el paramilitarismo.

Lo consignado hasta aquí tiene ocurrencia en una parte del país, pero es una muestra que ayuda a comprender el terrible flagelo del paramilitarismo de Estado que azota a Colombia. Los procedimientos son parecidos; solo que el saldo de su accionar criminal adquiere dimensiones pavorosas: son miles y miles los muertos y desaparecidos, mientras que los campesinos desplazados suman más de 2 millones. Estos últimos lo perdieron todo: sus seres queridos, su tierra, su sustento, sus cultivos y ganados. En sus recuerdos aún se escuchan los disparos y la brutal motosierra de los descuartizamientos. Y aún les duelen sus casas incendiadas y la indolencia del gobierno.

El paramilitarismo es una estrategia contrainsurgente del Estado, cuyo blanco principal es la población civil. Es una estrategia desalmada, erigida sobre un presupuesto absurdo y cruel: sus promotores creen, que provocando el desplazamiento de los campesinos mediante las matanzas, el incendio y el terror, podrán lograr así el objetivo de derrotar a la guerrilla, porque, según su enrevesada lógica, de esta manera, estarían impidiendo el abastecimiento logístico de la misma, y el ingreso de jóvenes a sus filas. Los militares honestos y bolivarianos seguramente deben experimentar una sensación de asco ante estas doctrinas de enajenados, insufladas por los gringos.

ESTADO MAYOR

BLOQUE CARIBE DE LAS FARC-EP