El proyecto de ley de "suspensión condicional de penas", conocido como la Alternatividad Penal, es un esperpento jurídico que pretende tejer un grueso manto de impunidad sobre todos los involucrados en el desarrollo de la guerra sucia contra el pueblo colombiano, aquellos que desde sus posiciones dominantes han pretendido arrasar a sangre y fuego, el más mínimo vestigio de oposición política y ahogar, a cualquier costo, la protesta popular y la lucha por los derechos de las mayorías.

Dicha Alternatividad es el soporte jurídico del supuesto proceso de diálogo y negociación para la paz con los paramilitares, pantomima a la que quieren darle visos de seriedad y legitimidad, para exculpar de toda pena a tenebrosos jefes paramilitares, empezando por la cabeza visible del actual proyecto fascista de gobierno, el dictador Álvaro Uribe Vélez, connotado cabecilla de esos asesinos de nuestro pueblo.

Expertos en la manipulación y el engaño, se valen de la sentida necesidad de paz con justicia social, verdadero anhelo popular, y realizan su teatral proceso, en busca de seguir traicionando los intereses de las mayorías nacionales y para desarrollar sus políticas fascistas neoliberales, con toda la barbaridad que eso implica, expresada en la profundización de la crisis a todos los niveles y en la estela de miseria y violencia que deja.

Garantizar la impunidad a los paramilitares, para avanzar en una supuesta negociación de paz con ellos, es fortalecer la guerra, porque se desconocen las legítimas aspiraciones nacionales. De paso pretenden limpiar su nefasto pasado y el horizonte jurídico, aspirando con esas triquiñuelas escapar de la justicia popular, que más temprano que tarde les ajustará las cuentas.

Está claro, no hay ningún proceso para construir la paz. Ese no es su proyecto ni interés. No hay diálogo ni negociación, pues los paramilitares nunca han sido contradictores del sistema ni del Estado. Fueron y son una herramienta del terror del Estado en cumplimiento del mandato gringo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

La eliminación sistemática de colombianos y colombianas a través de las masacres indiscriminadas, el asesinato selectivo y la desaparición. La explotación económica, expoliación y despojo que se desarrolla con los desplazamientos. El terror llevado a límites infinitos, como arma de disuasión frente a la lucha adelantada por sus víctimas, por la vida, el trabajo, la alimentación, la educación y la vivienda. Son formas aplicadas por el terrorismo del Estado para desarrollar el capitalismo e imponer las políticas neoliberales. Métodos utilizados para obligar a las comunidades de abandonar las tierras que ambicionan para su exclusivo beneficio.

¿Será posible exculpar tales instrumentos de terror, con el cumplimiento de una pena alternativa a la prisión? o ¿con realización de trabajo social? o ¿simplemente entregando bienes y pagando multas? o ¿con toda una región geográfica como cárcel? o ¿ejerciendo su calidad de sapos, informantes o delatores? o ¿con la manifestación expresa de su arrepentimiento? o ¿suspendiendo temporalmente derechos como acceder a cargos públicos, de elección popular y al porte de armas? ¡Puras lágrimas de cocodrilo!

Produce risa, que sostengan que con esas penas pagaran sus crímenes, sino fuera por lo trágico de la situación, porque implica un proyecto que burla todo sentimiento de justicia, porque se sabe que no es más que un escalón en el intento por silenciar para siempre al pueblo colombiano y someterlo a sus nefastos designios.

Son los mismos que no vacilan en jugar fútbol con las cabezas de sus víctimas, aquellos que elevaron a arma de guerra la motosierra, herramienta que en sus manos se convirtió en macabra descuartizadora, los que cambiaron el color de las aguas de los ríos, al teñirlas con la sangre de nuestro pueblo.

Hay pruebas evidentes de la participación de las fuerzas armadas oficiales en la conformación de los grupos paramilitares, de manera tan descarada que su propia justicia, siempre hecha a su medida y a la de sus arbitrariedades, se ha visto obligada a condenar algunos casos.

Igualmente, es vox populi, que en las diferentes regiones donde supuestamente hay presencia paramilitar, lo que se encuentran son batallones, brigadas y divisiones del Ejército que lo único que hacen es cambiar de brazalete para unas veces ser fuerza armada oficial y otras, paramilitares; siempre reprimiendo al pueblo. Verdaderos camaleones de la muerte.

Por eso la clase dominante colombiana y sus amos gringos no pueden arriesgarse a juicios reales de los paramilitares, pues estos fueron y son sus operarios del terror; financiados, apoyados, usados y cubiertos desde que se formaron, sin desconocer que desde ese momento se mezclaron con los organismos de seguridad del Estado.

Así, el intento por buscarle una salida "digna" a los paramilitares, legalizarlos y asumirlos plenamente en la sociedad, envolviendo este periodo de terror del Estado en una bruma espesa e impenetrable de impunidad, para no correr el riesgo de descubrir sus promotores, patrocinadores y empleadores, es posible con la pretensión de aprobar a toda costa la ley de "suspensión condicional de penas", verdadera ley de impunidad incondicional, conocido como la Alternatividad Penal, enmascarada en su nueva versión como Ley de justicia y reparación.