Ñon el apoyo de parlamentarios gobiernistas, Uribe Vélez, pretende imponer a Colombia su fascista proyecto de ley por el cual se reglamenta el Estatuto Antiterrorista, aprobado mediante el Acto Legislativo 203 del 10 de diciembre de 2003.

EEl argumento de Uribe es que necesita tener herramientas para combatir el terrorismo; para lo que pretende modificar el Código Penal y la Constitución Nacional, convirtiéndolos en instrumentos al servicio de la mal llamada "Seguridad Democrática"

El delito de opinión

Con el Estatuto se criminaliza la opinión independiente. Queda vulnerado el derecho de los periodistas para acceder a las fuentes. El texto propuesto dice:

"quien divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en prisión de 5 a 10 años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Dicha pena se agravará hasta la mitad si la información se utiliza en beneficio de un grupo armado al margen de la ley o de individuos u organizaciones terroristas"

"El que mediante prensa escrita, radio, televisión o sistemas de información virtual divulgue informaciones que puedan entorpecer el eficaz desarrollo de las operaciones militares o de policía, coloque en peligro la vida del personal de la Fuerza Pública o de los particulares o ejecute cualquier otro acto que atente contra el orden público, la salud moral pública, mejorando la posición o imagen del enemigo o estimulando las actividades terroristas para causar un mayor impacto de sus acciones, incurrirá en prisión de 8 a 12 años, sin perjuicio de la suspensión del correspondiente servicio"

Golpe a las libertades políticas y al derecho de asociación

El derecho de reunión queda penalizado con prisión de 6 a 8 años y multas que van de 2.000 a 20.000 salarios mínimos legales mensuales. Igualmente se establece en la norma que es el gobierno quien define si una reunión es de amigos o de un sindicato o para cometer actos terroristas.

El artículo 26 faculta para elaborar una lista de las organizaciones nacionales e internacionales que califique como terroristas y a mantenerla actualizada.

El presidente ha afirmado en diferentes ocasiones que las ONGs, defensoras de los derechos humanos, son cómplices del terrorismo. El conocido por sus vínculos con los paramilitares, General Rito Alejo del Río, declaró ante un juez, que el 20% de la insurgencia estaba en la montaña y el 80% en los sindicatos, ONGs, defensores de los derechos humanos y organizaciones de izquierda.

Esto nos indica que de tiempo atrás las organizaciones populares son sindicadas de terrorismo, por lo cual pueden ser judicializadas por cualquier cualquier acción que hagan en el país o en el extranjero.

Aquellas personas que el gobierno considere que promueven el terrorismo, así no participen en acciones directas, serán condenadas con 2 a 5 años de prisión.

La represión contra el movimiento popular viene tomando características fascistas; la huelga, la protesta, la oposición política al gobierno, se hacen cada día más peligrosas. Las redadas indiscriminadas, los allanamientos, las detenciones masivas, los montajes jurídicos, la intervención a los teléfonos, la violación de correspondencia y los asesinatos. Todo queda legalizado con el Estatuto.

Facultades judiciales a los militares

El borrador dispone que estas facultades queden en manos de "los comandantes de unidades operativas mayores, menores, unidades tácticas y sus equivalentes en las otras fuerzas, así como el comandante del Departamento de Policía y de policías metropolitanas, el Director de la Policía Judicial, el Director de Inteligencia de la Policía, el Director de la Dirección Anti-extorsión y Secuestro, el Director de la Dirección Antinarcóticos, el Director Operativo de la Policía Nacional, y el Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en forma exclusiva". Estos comandantes se encargaran de elaborar los informes de residencia, conocidos como empadronamientos, que son perversos sistemas de espionaje y persecución fascista.

Este engendro jurídico ha merecido la condena de la ONU, de la Unión Europea y de decenas de organizaciones jurídicas y de derechos humanos. Pero al presidente Uribe su arrogancia lo deja ciego y sordo.

En vez de escuchar al pueblo y al mundo, Uribe fue a presentárselo a Bush, para mostrarle que sus orientaciones se vienen poniendo en práctica al pie de la letra y por lo tanto merece que el Plan Colombia sea extendido hasta el año 2010. Como pretende seguir poniendo en práctica dicho Plan, busca la reelección en el 2006.

Con el Estatuto Antiterrorista Colombia entera se convierte en una cárcel

Tienen mala memoria. Turbay Ayala y Camacho Leiva (1978-1982), ya pusieron en práctica todos esos métodos represivos fascistas y fracasaron. Lo único que lograron fue anegar en sangre el suelo patrio, atizar la hoguera de la confrontación y aumentar la crisis a todos los niveles. Sin embargo, el pueblo y sus organizaciones, entre ellas las FARC-EP, lograrán acabar con la injusticia y la barbarie a que nos tienen sometidos los dueños del poder.